El estado de derecho, desde una perspectiva liberal anticomunista, es un principio fundamental que establece que el poder político debe estar sujeto a la ley y que tanto los gobernantes como los ciudadanos están igualmente obligados a cumplir y respetar las normas legales.

Desde esta posición, el estado de derecho se basa en los siguientes principios:

1. Supremacía de la ley: Significa que ninguna persona, incluidos los funcionarios del gobierno, está por encima de la ley. Todos, independientemente de su posición o influencia, deben cumplir con las leyes y regulaciones establecidas de manera justa y equitativa. Esto garantiza que el poder sea limitado y que existan salvaguardias contra el abuso y la arbitrariedad.

2. Igualdad ante la ley: Implica que todas las personas son iguales ante la ley y deben ser tratadas de manera justa y sin discriminación. No debe haber privilegios especiales ni trato preferencial para ciertos individuos o grupos. Cada persona debe tener acceso a la justicia y recibir un trato equitativo, sin importar su origen, raza, religión u orientación política.

3. Independencia del poder judicial: Es esencial contar con un poder judicial independiente y imparcial que actúe como garante del estado de derecho. Los jueces deben ser designados de manera objetiva, basándose en méritos y competencia, y no estar sujetos a influencias políticas o partidistas. La independencia judicial asegura que las decisiones sean tomadas de manera imparcial y que se respeten los derechos y las libertades fundamentales.

4. Protección de los derechos individuales: El estado de derecho debe asegurar la protección de los derechos y las libertades individuales. Esto incluye derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a la propiedad privada y el debido proceso legal. Estos derechos son inalienables y deben ser respetados y protegidos por el gobierno, sin excepciones ni restricciones injustificadas.

5. Transparencia y accountability: La transparencia es esencial en un estado de derecho, lo cual implica que las decisiones y acciones del gobierno deben ser accesibles y comprensibles para los ciudadanos. Además, la accountability (rendición de cuentas) es fundamental para asegurar que los funcionarios públicos sean responsables de sus actos y estén sujetos a mecanismos de control y supervisión. Esto ayuda a prevenir la corrupción y el abuso de poder.